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Estudio del fenómeno migratorio de nacionales haitianos hacia territorio dominicano.

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Por el Lic. Manuel Ramón Tapia López

Analizando los distintos aspectos relacionados con la nacionalidad de los hijos de extranjeros nacidos en la República Dominicana encontramos lo si guiente:

1.-Hijos de padre y madre extranjeros en condición de residentes legales.

2.-Hijos de padre y madre extranjeros en condición de ilegales, tanto en cuanto al ingreso y/o permanencia.

3.-Hijos de unión de dominicanos y haitianos con residencia legal o sin ella.

4.-Conflicto de leyes entre sistema de atribución de la nacionalidad “Jus Sanguinis”, previsto en la Constitución Haitiana, y sistema de atribución de la nacionalidad “Jus Soli”, previsto en la Constitución Dominicana. En cuanto al primero de los aspectos precedentemente indicados, debemos prestar atención a lo que expresa la Constitución de la República en su artículo 11, inciso 1, el cual copiado a la letra dice así: "Art. 11.- Son dominicanos: 1.- Todas las personas que nacieren en el territorio de la República con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que están de tránsito en él". A la luz de la primera parte de ese precepto constitucional, queda evidenciado que nuestro país ha adoptado el sistema que se conoce como “Jus Soli”, que significa que la nacionalidad de las personas es la del lugar de su nacimiento, con las exclusiones que ese mismo texto establece para "los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que están de tránsito en él". En lo que concierne a "los hijos legítimos" de los diplomáticos, no se presenta ningún problema, debido a la transparencia de la disposición constitucional que los rige.

Los inconvenientes surgen respecto a los hijos de los transeúntes, porque ni la Constitución ni las leyes adjetivas definen quienes son transeúntes en la República Dominicana. Tampoco existe problema alguno respecto a los hijos de extranjeros que han sido legalmente autorizados a establecer su domicilio en el país. No se puede discutir que los hijos de éstos son dominicanos por el jus soli. El problema surge cuando se trata de inmigrantes ilegales, y por tanto, que no tienen un domicilio legalmente establecido en el país.

Esta situación se presenta prácticamente solo con los haitianos que cruzan la frontera clandestinamente, y se establecen ilegalmente en el territorio nacional. La pregunta obligada que surge de esa anómala situación es si los hijos de esos haitianos que nacen en el país son dominicanos. Si nos atenemos al primer enunciado del artículo 11 de nuestra Ley Sustantiva, que dice que son dominicanos "todas las personas que nacieren en el territorio de la República", no habría ningún problema. El conflicto jurídico surge cuando el mismo artículo 11 en la parte in-fine de su inciso 1, no confiere nuestra nacionalidad a los hijos de extranjeros "que están de tránsito" en el país. Repito, que ni la Constitución ni las leyes adjetivas definen quiénes son extranjeros transeúntes en nuestro país. Sin embargo, a propósito de la aplicación de los artículos 16 del Código Civil y 166 del Código de Procedimiento Civil, relativos a la fianza judicatum solvi que debe prestar todo "extranjero transeúnte que sea demandante principal o interviniente voluntario", nuestra Suprema Corte de Justicia ha decidido que es extranjero transeúnte el que "no haya hecho la prueba de que ha sido autorizado a establecer domicilio en la República" (Sentencia del 1° de diciembre de 1982; B. J. 865, p. 2375); el que "no ha hecho la prueba de que ha sido autorizado por el Poder Ejecutivo para establecer su domicilio en la República Dominicana, en los términos del artículo 13 del Código Civil" (Sentencia del 16 de marzo de 1983; B. J. 867, p. 698); "el extranjero sin residencia permanente en el territorio de la República Dominicana" (Sentencia del 11 de abril de 1983; B. J. 868, p. 882). De modo pues, que de acuerdo a ese criterio de nuestra Suprema Corte de Justicia, podría definirse el extranjero transeúnte como aquel que encontrándose en el territorio nacional, no ha obtenido la correspondiente autorización del Poder Ejecutivo para establecer su domicilio en el país. En ese orden de ideas, en caso de que fuera admitida esa definición, no cabe duda de que los hijos de padre y madre de nacionalidad extranjera, que no tienen un domicilio en el país legalmente autorizado, en principio, no son dominicanos.

La situación es distinta en el caso planteado en cuanto a los "hijos de unión de dominicanos y haitianos con residencia legal o sin ella", pues en esta hipótesis, los padres o las madres dominicanos, mientras se encuentren residiendo en la República Dominicana, siempre tienen su domicilio legal en el país, y por tanto, sus hijos son dominicanos, aunque uno de los progenitores sea extranjero no domiciliado legalmente en el territorio nacional. Este criterio ha sido adoptado por numerosos países. Por ejemplo, en Francia, donde existe un Código de Nacionalidad, "la atribución de la nacionalidad francesa de origen está subordinada a la sola calidad de francés de uno de los padres, sin que pueda tomarse en consideración ni el sexo, masculino o femenino, de cualquiera de los padres, ni la filiación, legítima o natural, del hijo". (Ivon Lioussouarn et Pierre Bourel, Derecho Internacional Privado, Precis Dalloz, 4ta. edic. año 1993, No. 557, p. 571). Sobre el planteamiento referente al "conflicto de leyes entre sistema de atribución de la nacionalidad “Jus Sanguinis” previsto en la Constitución Haitiana, y sistema de atribución de la nacionalidad “Jus Soli”, previsto en la Constitución Dominicana", debo señalar que tal conflicto solo existiría cuando tanto el Estado Haitiano como el Estado Dominicano reclamaran la nacionalidad respectiva para los hijos de padre o madre haitianos nacidos en el territorio nacional. Cuando el conflicto de doble nacionalidad se ha presentado, en los países de Europa, ha sido aplicado el denominado "principio de efectividad", que consiste en "hacer corresponder en la medida de lo posible las calificaciones jurídicas con la realidad concreta". (Pierre-Marie Dupuy, Derecho Internacional Público, Precis Dalloz, 3ra. edic., año 1995, No. 76, p. 55).

Este mismo autor (op. y loc. cit), bajo el título de "Nacionalidades múltiples y apátridas", enseña lo siguiente: "77.- Puede resultar de la aplicación concurrente de dos legislaciones nacionales en materia de nacionalidad, que en presencia de ciertos acontecimientos, por ejemplo un matrimonio, un individuo renuncie a una doble nacionalidad. Esta situación, que puede presentar algunas ventajas, expone también al individuo a ciertas dificultades, en particular cuando uno u otro, o los dos Estados de nacionalidad exigen a aquél el cumplimiento de ciertas obligaciones, como el cumplimiento del servicio militar. Esto lo contemplan las convenciones internacionales que hayan sido suscritas sea bilateralmente sea en un cuadro multilateral y regional así como lo ilustra la convención de Strasburgo del 6 de mayo de 1963, relativa a la reducción de los casos de pluridad de nacionalidades de la cual Francia es parte. Es sobre todo a propósito del ejercicio de la protección diplomática que la doble nacionalidad puede presentar ciertos inconvenientes.

Una sentencia rendida por la Comisión italo-americana el 10 de junio de 1955 (asunto Mergé, RSA, tomo XIV, p. 236) hace prevalecer la solución de acuerdo a la cual se debe buscar aquella de las dos nacionalidades que es preponderante en aplicación del criterio de la efectividad". No es ocioso recordar aquí y ahora, que los hijos de padres y madres haitianos que no tengan un domicilio legalmente establecido en el país, no serían dominicanos por el jus soli. En cambio, tienen la nacionalidad haitiana por el jus sanguinis, de conformidad con lo que dispone el artículo 11 de la Constitución de la República de Haití, que dice así:"Art. 11.- Posee la nacionalidad haitiana todo individuo nacido de padre haitiano o de madre haitiana, los cuales hayan nacido haitianos y no hayan renunciado jamás a su nacionalidad al momento del nacimiento".En consecuencia, los mismos no tendrían derecho a invocar el artículo 20 de la convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la Resolución No. 739 del Congreso Nacional, de fecha 25 de diciembre de 1977, que luego de establecer en el inciso 1) de dicho artículo que "Toda persona tiene derecho a una nacionalidad", en el inciso 2) dispone: "Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra", pues los hijos de padres haitianos adquieren de pleno derecho por el jus sanguinis la nacionalidad haitiana, cual que sea el lugar donde nazcan. Sin embargo, cuando sus padres estén legalmente autorizados a fijar su domicilio en el país, al nacer, ellos adquieren también la nacionalidad dominicana por el jus soli, y por tanto, tienen una doble nacionalidad.