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Sometimiento y derechos ciudadanos de politicos

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Oficina Dr. Ramón Tapia EspinalLic. Manuel Ramón Tapia


Pecan de falta de  buen juicio, de sentido común, el menos común de todos los sentidos, los que con ingenuos argumentos pretendan limitar, por cualquier vía, el derecho constitucional de los aspirantes a ocupar puestos políticos electivos, sobre todo por el principio del derecho "Aliquid esse et non esse potest simul" o lo que es lo mismo, que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo.
De modo pues, que resulta inútil, frustratorio, pretender invocar cualquier otra razón, sea fundada en criterios puramente personales, políticos, en leyes o reglamentos o estatutos de partidos, cuando esa disposición o criterio se distancie de la protección constitucional al derecho se elegir y ser elegible. 
El único caso en que a un aspirante a cargo electivo se le podría rechazar su candidatura por razones judiciales es cuando se cumplan la condición establecida en el ordinal 1) del artículo 24 de la Constitución que establece los derechos de ciudadanía se suspenden en los casos de 1) Condenación irrevocable a pena criminal, hasta el término de la misma;  2) Interdicción judicial legalmente pronunciada, mientras ésta dure;  3) Aceptación en territorio dominicano de cargos o funciones públicas de un gobierno o Estado extranjero sin previa autorización del Poder Ejecutivo; 4) Cuando haya violado  las condiciones en que la naturalización  le fue otorgada.
Finalmente, el Artículo 74, ordinal 4, se establecen los principios de reglamentación e interpretación de la Constitución imponiendo que  en  la interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por la Constitución.
En esta misma línea constitucional el Artículo 69, ordinal 3, referente a Tutela judicial efectiva y debido proceso, prescribe que toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable; 
Visto esto, el tema tratado nos obliga a referirnos a las disposiciones del artículo 40, ordinal 15  de la Constitución, que establece dentro de los derechos a la libertad y la seguridad personal, que a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica. 
Asimismo, se requiere la  misma edad para ser congresista, y de 30 años para ser presidente y vicepresidente de la república.
Existen limitaciones establecidas en la Constitución como las dispuestas para los representantes de elección popular en los parlamentos, que exige que para ser representantes ante los parlamentos internacionales se requiere ser dominicano en pleno ejercicio de derechos y deberes civiles y políticos y haber cumplido 25 años de edad. 
En este sentido, el derecho a participar en las elecciones aspirando a ser elegido para ocupar un cargo público se establece en el Artículo 22 de la Constitución, que establece los derechos de ciudadanía, sobre todo, el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegibles para los cargos que establece la Constitución, bajo el principio de que todo ciudadano dominicano puede optar por participar en las contiendas electorales y a ser elegido por la mayoría para ocupar un puesto en el Estado dominicano.
Para aclarar nuestra afirmación, hacemos referencia a varios artículos de nuestra Constitución que inciden en preservar o contrariamente, según sea en caso, de limitar los derechos de ciudadanía de los dominicanos, sobre todo cuando se trate de personas que aspiran a asumir cargos electivos en la nación. 
Vemos con preocupación que se estén iniciando acciones en contra de la inscripción a pre candidaturas internas de los partidos políticos de ciudadanos que están sometidos a procesos judiciales en curso, ignorando así las disposiciones de nuestra Carta Magna.
SOMETIMIENTO JUDICIAL Y DERECHOS CIUDADANOS DE POLITICOS